Estrategias de convivencia y respuesta a flujos migratorios en Canarias

Canarias ha experimentado uno de los procesos migratorios de mayor relevancia en el contexto del Estado español en lo que va de siglo, considerando el desarrollo de distintos flujos que responden a un amplio conjunto de causas y motivaciones de sus protagonistas. Las rutas hacia el archipiélago han sido múltiples, así como sus efectos en las distintas dimensiones de la realidad regional: en su territorio fragmentado, en sus estructuras económicas y sociales, en su desarrollo cultural e identitario, e incluso, en sus instituciones, que han tenido que prepararse y ofrecer renovadas respuestas a un fenómeno crecientemente complejo por su multidimensionalidad. Un proceso transformador que, en términos generales, ha contado siempre con un conjunto social dispuesto a convertirlo en un vector de progreso para las islas, puesto que, en la memoria de buena parte de sus habitantes, todavía continúa vigente el recuerdo de su expresión al revés. De la emigración histórica que se canalizó mayoritariamente hacia América, y en menor medida, hacia Europa y hacia la fachada occidental más próxima del continente africano. Emigración y retorno en muchas oportunidades. 

Esta percepción particular de la experiencia migratoria reciente de Canarias no debe ocultar, sin embargo, la aparición de serias dificultades y situaciones de la máxima complejidad para conseguir una adecuada gestión de los flujos, sus repercusiones e implicaciones. De un proceso estructural para la región, que viene desempeñando, por ejemplo, un papel estelar en el enfrentamiento de sus principales retos (socio) demográficos: la inmigración es la clave del actual crecimiento y revitalización poblacional. Y es que, el balance natural del archipiélago es negativo desde 2018, registrando los indicadores de fecundidad más bajos del país, por lo que su proceso de envejecimiento demográfico es bastante preocupante, aunque desigual en el conjunto regional considerando islas y comarcas. En todo caso, gestionar el crecimiento de más de medio millón de personas en los últimos 25 años no está siendo sencillo, con el añadido de que las dos terceras partes de la nueva vecindad procede de otros países, especialmente latinoamericanos y europeos, nuestros vínculos más estables a lo largo del tiempo. 

Nuevos habitantes que incorporan una mayor diversidad humana y cultural a las islas, donde la población de origen extranjero supone el 23,5 por ciento del censo en 2025. Casi 1 de cada 4 residentes, circunstancia que entraña un importante desafío en el plano convivencial, ya intuido a finales del pasado siglo, cuando se analizaron las tendencias de la movilidad internacional relacionada con el archipiélago. Eso fue lo que motivó la constitución en 2001 del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, fruto de una alianza entre el Cabildo de esta isla y la Universidad —pública— de La Laguna, convencidos de la necesidad de estudiar para comprender mejor un fenómeno social con perspectivas de amplificación. Relación que ha recibido el reconocimiento de buena práctica por parte del Consejo de Europa en 2024. Conocimiento al servicio de la gestión de las migraciones, que se transfiere para impulsar iniciativas de capacitación, sensibilización e intervención, como es el caso de la que representa el proyecto Juntas En la misma dirección, también buena práctica y activo en Tenerife desde 2009, con la mirada puesta en el reforzamiento de los procesos de cohesión y convivencia. Con el Observatorio y Juntas, la isla consigue formular un marco estratégico de convivencia intercultural en 2019, ‘Tenerife vive Diversidad’, aprobado por acuerdo plenario unánime de la Corporación Insular, a partir de una propuesta altamente participada desde las dimensiones ciudadana, técnica, empresarial y política. 

Ya en ese momento se venía alertando de la intensificación de las llegadas al archipiélago a través de la ruta canaria de la migración marítima irregular, que se había mantenido con escasa actividad durante la década anterior. Lo sucedido durante el año 2020, en particular las circunstancias vividas en el muelle de Arguineguín en el sur de Gran Canaria, motivaron la realización de un nuevo plan de inmigración que pudiese cubrir el vacío existente desde 2004 —dos décadas— en materia de planificación y gestión estratégica de las migraciones y sus repercusiones para la región. A instancias del Gobierno de Canarias, nace entonces el programa Canarias Convive y el planteamiento de elaboración de un plan lo más ampliamente participado posible, que incorpore además la perspectiva convivencial con enfoque intercultural. Un plan concebido con método a partir de un ejercicio colectivo, en el que intervienen más de un millar de personas en las ocho islas pobladas, sumando un amplio proceso de escucha, múltiples mesas técnicas y encuentros comunitarios. En el que confluye la ciudadanía, la esfera profesional y la dimensión política, considerando tanto alcaldías como distintas áreas de Cabildos y de la propia administración autonómica. Una oportunidad para reconectar personas, estrategias, recursos, estructuras y voluntades, conjugando rigor académico, compromiso público e implicación social. 

Es el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural (2026-2029), que ya cuenta con el visto bueno del Foro Canario de la Inmigración. Constituye una estrategia pública de carácter integral, con 36 de sus 59 medidas en proceso de ejecución en la actualidad, a través del programa Canarias Convive, antes citado, convertido ahora en su secretaría técnica. Un Plan afianzado en el marco competencial regional, en el enfoque de derechos humanos y en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, con la que, sobre todo, conecta su dimensión comunitaria, porque, en toda la secuencia ya detallada, se ha llegado a la convicción de que hay que aterrizar las propuestas para concretarlas, aproximándolas a la realidad local, allí donde se desenvuelven las personas en lo cotidiano, donde hay que trabajar cada día en favor de la inclusión y la cohesión social. Es lo que nos plantea el artículo 29.1 de la declaración universal de los derechos humanos, al señalarnos que todas las personas tenemos deberes con respecto a la comunidad, donde podemos desarrollar libre y plenamente nuestra personalidad. Un Plan para el conjunto social canario, que aborda derechos individuales junto a finalidades colectivas —la lucha contra la discriminación, la participación social y la convivencia intercultural—, sin olvidar lo que acontece en las fronteras y la posibilidad de aportar para contribuir a su mejor gestión, considerando su relevancia estructural: desde el año 2020 se han recibido en Canarias alrededor de 168.000 personas, en expediciones cada vez más distantes, más numerosas y más peligrosas, contándose ya por miles las personas muertas y desaparecidas en el océano desde entonces. Nunca sabremos con exactitud cuántas no han logrado llegar. 

La mayor parte de estas personas ya no se encuentran en el archipiélago, pero en el imaginario social se han asentado ideas que han hecho crecer actitudes xenófobas y racistas, contribuyendo a afianzar y propagar discursos de odio que abonan la exclusión y la discriminación. La inmigración se ha reducido, a menudo, al fugaz episodio de la llegada de una patera, una neumática o un cayuco, repleto de estigmas y de atribuciones injustas sobre supuestos efectos en los servicios públicos, la vivienda, el empleo o la identidad cultural. Un reduccionismo que centra la migración en la excepcionalidad y la emergencia, dejando fuera del foco social su amplio espectro de dimensiones y su contribución al proceso de desarrollo regional, donde se conecta lo individual y lo colectivo. Asimismo convierte las problemáticas que ciertamente entraña la movilidad en barreras infranqueables; no las aprecia como desafíos que, una vez resueltos, mejoran una comunidad. Todo ello hace más complejo el objetivo de la convivencia y el trabajo en este ámbito, que nos ayude a superar la simple aunque robusta coexistencia que suele caracterizar el esquema de sociabilidad presente actualmente en Canarias, como en muchos otros lugares del país, no exento de situaciones y marcos de distanciamiento y hostilidad hacia las personas migrantes, en particular hacia las racializadas, por no decir hacia las que se observan más diferentes en todos los sentidos. 

Una deriva preocupante e injusta también, a la que la estructura o arquitectura pública antes dibujada, en el caso canario, pretende hacer frente e incluso reorientar sumando al conjunto social, una de sus claves estratégicas: involucrar a más y más personas, tejiendo un sinfín de conexiones que contribuyan a conformar una sociedad más incluyente y capaz de incorporar la diversidad como un activo y factor de avance colectivo, tal y como señalan el Consejo de Europa y la Unión Europea a través de su programa Intercultural Cities; premisa que asimismo hace suya la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI). Para ello, necesitamos activar una mirada más generosa y comunitaria, cuya receta se encuentra en la prioridad 1.6 de nuestra Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que nos invita a fortalecer los vínculos para definir proyectos comunes de vida que integren todas las realidades y diversidades existentes en cada marco territorial. Marcos que contemplen los derechos de todas las personas, al mismo tiempo que subrayen sus compromisos y deberes, por lo que es fundamental que se cuiden con esmero procesos como la actual regularización, de modo que se conviertan en un éxito colectivo. En este sentido, parece un momento más que oportuno por necesario, para la activación del Plan —Estatal— de Integración y Convivencia Intercultural. Sería más que conveniente que pudiera conectarse con los procesos en marcha en comunidades como Canarias, Navarra o País Vasco, entre otras, estimulando la promoción de iniciativas similares en el conjunto de autonomías, favoreciendo estratégicamente su interconexión. 

En esta misma y necesaria línea de conexión con marcos generales, aspiramos todavía a conocer mejor e influir desde nuestra experiencia en el proceso de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, a solo dos meses de su entrada en vigor, encontrando fórmulas consensuadas para que su aplicación no produzca más dificultades de las ya existentes en lo que respecta a la gestión de determinados flujos migratorios y el asilo. En este sentido, deben ser especialmente contempladas sus consecuencias en la esfera de la recepción, la acogida y la permanencia en la región de las personas migrantes hasta que se resuelva cada procedimiento o tras su resolución, sobre todo en territorios singulares como Canarias que integran la frontera meridional de la Unión. Cabe subrayar que la incertidumbre es una peligrosa aliada del buen gobierno, abona los discursos excluyentes y cuestiona la eficacia de las normas que se pactan lejos de las realidades cotidianas. El Pacto Europeo nos puede devolver en poco tiempo a situaciones ya vividas —por no decir, sufridas— a principios de esta década o a mediados de la anterior, por lo que supone un reto mayúsculo el desarrollo de sus directrices, sin alterar lo ya construido y protocolizado con la finalidad de gestionar la movilidad humana en los bordes a menudo tensionados de Europa. 

Y todo lo anterior tiene inmediata repercusión en nuestros barrios —y pueblos—, “escenario relevante de la vida cotidiana de las personas” (EVE, 2026), allí donde se hilvanan las relaciones vecinales con distintas intensidades, forjadas en contextos sociales cada vez más heterogéneos, como hemos aprendido haciendo ciencia ciudadana en ‘ParticipaBarrio’, proyecto de I+D+i multisituado en distintas localidades del país. En esta escala debemos colocarnos con criterio y perspectiva, para pensar, diseñar y articular las estrategias que nos permitan progresar adecuadamente hacia marcos más convivenciales, activando el valor positivo de la diversidad y enfrentando los desafíos que implica ir añadiendo nuevos ingredientes a proyectos en continua evolución. No cabe otra… Recordemos que el enfoque comunitario nos ayudará, dado que contempla hacer las cosas juntas, adaptándonos a cada realidad y partiendo de lo que ya existe, porque, “cuando el barrio se organiza las cosas cambian”. Para ello, necesitamos atención y recursos, talento y orientaciones que guíen las planificaciones, puesto que es necesario organizar primero para gestionar de manera adecuada después, también y sobre todo en lo local. 

Concluyendo… 

España ha pasado de 40 a casi 50 millones de habitantes en lo que va de siglo; Canarias ha crecido en más de medio millón de residentes. Buena parte de las nuevas vecindades proceden de otros lugares del planeta que compartimos. El éxito de este proceso, estructural y necesario para un país que languidece desde la perspectiva sociodemográfica y necesita mantener su pulso económico, requiere mucha atención y hasta delicadeza; poco le ayuda el ruido y la propagación del temor, cuando no del odio. Y todo empieza aquí, donde se legisla; donde existe la capacidad de reforzar las fórmulas y estrategias que funcionan, o por lo menos, que pretenden contribuir para que una sociedad salga adelante contando con todas las personas, organizaciones e instituciones que la protagonizan. Porque este es, modestamente, nuestro principal secreto, contar con todas, asegurando las condiciones para que puedan estar, aportar e incluso hacer juntas, construyendo procesos que perduren y tengan carácter transformador. De donde vengo, además, pensamos que es fundamental poner el conocimiento y la razón al servicio de las personas y las comunidades que conforman, aprendiendo todo el tiempo, tanto de la experiencia propia como de la ajena, cuidando las relaciones, tejiendo alianzas y favoreciendo el trabajo en red. No hay otra salida, no hay otra respuesta de valor. 

Dr. Vicente Manuel Zapata Hernández 

Geógrafo | Profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna